Santo Domingo.– El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, recibió este jueves el proyecto de Ley General de Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, depositado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de regular las concesiones en el país y fortalecer el sistema de contrataciones públicas.

La iniciativa fue entregada por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien explicó que la propuesta procura cubrir la ausencia de una regulación específica sobre esta modalidad contractual en el país. “Este proyecto busca fortalecer el régimen de contrataciones de la República Dominicana, integrando una modalidad contractual, como son las concesiones, que no está regulada en la República Dominicana”, manifestó.

De los Santos informó que el proyecto será colocado en agenda para su conocimiento y posterior remisión a una comisión legislativa para su estudio, antes de ser conocido por el pleno del Senado. “Ustedes saben que nosotros lo que recibimos es la materia prima; esa materia prima la enviamos a comisión, la comisión nos devuelve un producto preterminado y, en el hemiciclo, se aprueba el producto final”, expresó el presidente de la Cámara Alta.

La iniciativa tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a las concesiones de bienes, servicios y obras públicas, así como los procedimientos para su planificación, adjudicación, formalización, ejecución, supervisión, modificación y terminación, con el fin de asegurar la prestación eficiente de servicios públicos y la adecuada gestión de bienes y obras públicas.

Entre sus principales disposiciones figura la creación del Sistema Nacional de Concesiones Públicas, con la Dirección General de Contrataciones Públicas como órgano rector, además de un Consejo Nacional de Concesiones, una Dirección Técnica de Concesiones y un Registro Nacional de Concesionarios del Estado.

La selección de los concesionarios se realizaría mediante licitación pública nacional o internacional, con requisitos, criterios de evaluación, tarifas, garantías y mecanismos de supervisión definidos previamente. Antes de la firma de los contratos, sería necesaria la no objeción del Consejo Nacional de Concesiones.

El proyecto establece una duración de los contratos de entre cinco y cuarenta años, impone límites a las prórrogas y prohíbe su renovación automática. Además, dispone que la rentabilidad estimada de los proyectos no constituya una garantía estatal y que sus recursos no sean destinados a fines ajenos a la concesión.

También permitiría que particulares presenten proyectos de interés público cuando no requieran aportes del sector público, sin que ello les otorgue derecho a una adjudicación directa. Si el proponente no resulta adjudicatario, podría recibir una compensación por los estudios útiles que aproveche la Administración.

En materia de control, la propuesta contempla prohibiciones e inhabilidades para prevenir conflictos de interés y afectaciones a la libre competencia, así como sanciones que incluyen multas, ejecución de garantías e inhabilitación temporal. Las concesiones anteriores conservarían, como regla general, su régimen contractual y normativo original.

El proyecto deberá agotar el proceso legislativo correspondiente en el Congreso Nacional antes de una eventual aprobación y posterior remisión a la Cámara de Diputados.

Foto: Senado de la República. / Z101 Digital

Fuente: Apunte Digital, Los Mocanos y Z101 Digital, 29 de octubre de 2026.